Salta la alarma social en La Barca de la Florida, tras un corte de agua masivo, a unas cien familias.

La pedanía jerezana de La Barca de la Florida, vive en sus carnes las consecuencias del cambio de gestión del agua a manos privadas, que según la Coordinadora del Agua de Jerez, no es más que la punta del iceberg de lo que queda por padecer a los jerezanos en los veinticinco años de concesión que le ha otorgado a Aqualia, el equipo de gobierno jerezano.

 

Un claro objetivo planteado por esta coordinadora social es el reconocimiento del Derecho al Agua y al Saneamiento, como propugnó en 2.010 la Organización de las Naciones Unidas, por lo que sigue exigiendo a las administraciones de todos los niveles, que se legisle salvaguardándose tal derecho. “El agua es un derecho humano, que nadie ni nada puede ni debe negarnos a las personas. Las administraciones tienen el deber de hacerlo válido, legislando y tomando medidas suficientes para garantizarlo; todo aquel que legisle, decrete o gestione contra tal derecho, está contradiciendo uno de los máximos principios elementales y fundamentales que nos protege y da la vida y el progreso a nuestras gentes y nuestros pueblos, por lo que se convierten automáticamente en enemigos directos de la sociedad humana”.

 

Esta coordinadora jerezana califica el hecho de este corte de agua masivo, como un atentado contra el derecho mundial de las personas al agua, a la alimentación, a la salud, al bienestar social y al progreso de los ciudadanos de La Barca. “No nos sorprendemos en nada de esta medida antisocial, que aunque por desgracia no es ilegal, ante la falta de normativa pro vida y del interés de los ciudadanos de nuestras ordenanzas municipales y el propio Reglamento Andaluz, supone un agravio a muchas familias que no tienen parangón; ya avisábamos durante el proceso de venta de Ajemsa, cuáles podrían ser las consecuencias de esa operación y se nos tildó de alarmistas, de embusteros y de ir en contra de los intereses de Jerez; también por desgracia, no nos equivocábamos y mucho nos tememos que esto no ha hecho más que comenzar y que no es en nada comparable con lo que nos queda en los próximos 25 años.”

 

Este movimiento contra la venta de la gestión del agua urbana, sentencia que “aunque la gestión se la hayan dado a una multinacional, eso no significa que la competencia, la responsabilidad y la obligación con los vecinos, no siga siendo del ayuntamiento, o sea que en el ámbito del agua, todo lo que funcione mal o haya empeorado contra el bienestar e interés de los ciudadanos, es directamente responsabilidad del equipo de gobierno jerezano”.

“El ayuntamiento, como responsable competente del servicio, puede y debe establecer mecanismos que garanticen el agua a todos, sin distinción y menos por economías familiares minimizadas. Teniéndose en cuenta que somos la provincia y Jerez la ciudad con más paro, el escenario que se presenta para una buena parte de las familias jerezanas en lo referente al agua, es bastante oscuro y desolador, con unos gestores que lo que buscan es tener contenta su Junta de Accionistas; una multinacional no viene a poner ochenta millones de euros por que sí, si a cambio no hay un plan de beneficios alto y la fórmula es fácil, abaratameinto de los costes e incremento del precio del “producto”, que es en lo que han convertido nuestro derecho y nuestro recurso y patrimonio ciudadano, en un derecho”.

“Como competencia directa municipal, el ayuntamiento puede establecer el régimen de tarifas, bonificaciones o exclusiones de cobro de recibos. Esto no es imposible, es una realidad que se está poniendo en práctica en distintos puntos de España; sin ir más lejos a unos treinta kilómetros de Jerez, en Medina no se corta el agua y han regulado un mecanismo de protección a las familias y eso lo hacen desde el seno de la propia empresa, que es la que cuenta con un equipo de inspección y estudio permanente, de todas las familias con problemas laborales y económicos; no hace falta decir que estos casos son puesto en marcha desde la gestión en manos totalmente públicas”.

 

Mañana sábado tendrá lugar un encuentro vecinal y de colectivos sociales, convocado desde la Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur, en el centro de la Barca de la Florida, plaza Artesanía, a las doce del mediodía en el que se informará sobre la situación vivida y se consensuará las medidas de reivindicación a tomar para aliviar los daños que están padeciendo estos vecinos.

 

La Barca es una de las siete pedanías del municipio jerezano. En el proyecto de privatización propugnado por el Partido Popular, estas pedanías, con la ley en la mano, pueden hacer uso de la competencia del agua, por lo que no están obligados a seguir el modelo de gestión elegido por García Pelayo y sus ediles. Esta pedanía, no se ha decidido aún, que modelo tomar, por lo que en tanto, la competencia de su agua urbana sigue en manos del consistorio jerezano y por ende, gestionada directamente por Aqualia, desde el pasado mes de abril. Otras tres, como Guadalcacín, Torrecera y Estella han optado por seguir una gestión desde lo público, mientras Nueva Jarilla, El Torno y San Isidro sí que han preferido adherirse al modelo de los populares, otorgando la gestión de su agua a Aqualia.

El alcalde de la Barca tiene y debe que tomar buena nota de lo que les espera a su gente, si él no se decide de una vez por adherirse como sus alcaldes vecinos de las pedanías públicas por una opción pura, dura y exclusivamente llevada de la mano del propio pueblo y sus representantes legales y elegidos por ellos mismos, como marca un estado de derecho y democrático como se entiende que es el nuestro.

 

El gerente de Aeopas, Luis Babiano, incide en que es fundamental asumir que el agua es un derecho humano, algo que considera incompatible que se trate como un negocio. En este sentido, advierte contra la interrupción del suministro por impago, en especial durante épocas de crisis como la actual.

 

Por su parte, el gerente de la asociación de operadores públicos Aeopas, Luis Babiano, se ha pronunciado al respecto: “el origen de las la privatización de servicios, de la mercantilización del agua y de la pasividad de las autoridades es el canon concesional, una cantidad que adelantan las empresas a los Ayuntamientos y que después cobran con sus beneficios e intereses a través de los recibos que pagan los ciudadanos. “Es absolutamente indecente y debería estar perseguido ya que es una puerta abierta a posibles irregularidades”, afirma Babiano, quien reclama que se prohíba, como se ha hecho en la ley de transparencia y anticorrupción francesa, o que se cree un regulador o un observatorio independiente que vele por la transparencia del servicio. “Es necesario que la ley prohíba expresamente que el destino de los cánones que las entidades públicas perciban por la concesión de los servicios de agua sea otro que las infraestructuras hidráulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta práctica”, añade.

 

Es una nota de prensa enviada a este medio por la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur.-

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Publicado el 25 25UTC enero 25UTC 2014 en Comunicados, General. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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