Las medidas para garantizar el acceso al agua de las familias jerezanas son insuficientes y cambia el concepto de derecho por obra de beneficencia o caridad

La Coordinadora del agua propone que se elimine todo tipo de corte a los suministros domiciliarios, como única garantía del Derecho Humano al Agua, como propugna la Organización de las Naciones Unidas.

En reunión mantenida por esta coordinadora social y la delegada de Bienestar Social del ayuntamiento jerezano, se ha debatido el legal principio del derecho al agua de todos los jerezanos. Mientras para esta delegación municipal, ya se tiene regulado ese derecho en ordenanzas locales, para las familias en exclusión social; para la Coordinadora del Agua, la experiencia demuestra la ineficacia del dispositivo y los posbles errores graves que se pueden dar, dejando a familias sin el vital recurso del líquido elemento.

La propia Delegada ha reconocido que los casos atendidos por demanda a esta delegación no se corresponde con la situación social que se vive en esta ciudad, con el nivel tan alto de paro (36.000 personas) por lo que aumenta continuamente los casos de familias con dificultades económicas y por consiguiente los procesos de corte por débito. La empresa concesionaria, con la ley en la mano, puede acometer el corte del suministro a estas familias, a solo quince días transcurridos del plazo voluntario de pago de los recibos.

“Este ayuntamiento no se debe esconder detrás de una legislación, que nosotros también entendemos que es obsoleta y que facilita la entrada de mercados privados en la gestión de los servicios municipales, pero por encima de todo tiene que aparecer dos principios, el del interés propio de sus representados y que la competencia, aun cuando esté derivada o concesionada a una multinacional privada, sigue siendo siempre del propio ayuntamiento, por lo que la relación o el vínculo entre este servicio y los ciudadanos siempre es responsabilidad municipal, por lo que ellos, los gobernantes locales, son los que están obligados a garantizar todo y cada uno de los derechos que ostenten los ciudadanos, por lo que al igual que otras poblaciones españolas, cada vez más, es el ayuntamiento el que tiene que establecer los mecanismos, regulaciones o decretos que ante todo proteja esos derechos”.

“Para garantizar de forma efectiva el acceso al agua de todos, tiene que establecerse una regulación municipal en la que se decrete que no se ejecute ningún corte en la modalidad de “contrato domiciliario o doméstico”. A medida que los usuarios vayan entrando en proceso de impago, todo y cada uno de estos suministros afectados, pasarían por un estudio exhaustivo hecho desde personal especializado en temas sociales, para que se establezcan los parámetros de determinación de familia con problema económico y el resto de los casos, a cobro mediante dispositivo ejecutivo, como sucede con otras deudas habituales, como una multa, el impuesto sobre vehículos o el IBI. Solo de esta manera y bien establecida la norma, se puede asegurar este derecho, sin tener que hacer pasar a las familias afectadas, por la indigencia y la vergüenza de entenderse el hecho como una obra de caridad y si un derecho reconocido, como tal”.

A esta coordinadora también le preocupa el montante que puede suponer esta medida, habida cuentas de que si se designa por medio de Bienestar Social, dejaría empobrecida otras cuestiones sociales que se acometen desde esta delegación, por lo que propone que se fije una cantidad, incluida en los presupuestos municipales, para ese único fin y no afecte a otros de vital importancia que se debe atender desde el consistorio”.

Estas partes preocupadas por este conflicto social, que se ha agrandado en estas últimas fechas, con la ejecución de cortes masivos a nuestra población, han quedado emplazadas a una nueva reunión, en la que se seguirá debatiendo, para aportar ideas y seguir estableciendo medidas de corrección y fórmulas de salida a

este sector familiar en decadencia social. “Aun así y entendiendo que la situación es grave y tiene difícil solución, máxime desde que este servicio ciudadano está gestionado desde una empresa privada, la única salida del conflicto es la de ir a la medida “corte de agua cero”; después de esto lo que venga y aunque entendemos que la empresa en cuestión hace lo que está legislado, sí somos conscientes de que debería hacer un gesto de humanidad para los que ahora nos hemos convertido en sus “cautivos clientes”; es una responsabilidad moral que debe asumir también Aqualia”.

La Barca de la Florida se muestra indignada y desesperada ante la falta de atención de su alcalde, frente al problema vivido con la avalancha de cortes de agua.

La Asamblea de los vecinos estudiaron el problema y vieron la salida al problema mediante la gestión de su agua ciudadana por medio de dispositivo público, como ultiman en Guadalcacín, Estella y Torrecera.

Después de dos semanas, aún quedan familias que no han podido hacer frente al pago de sus recibos atrasados, ni han sido atendidas de forma efectiva por el servicio de asistencia social, en la Barca. Estos, así como bastante vecinos de esta pedanía jerezana mantuvieron una asamblea informativa, convocado pro la Coordinadora del Agua de Jerez, esta pasada noche del lunes.

El enfado, la indignación y la desesperación fue total entre los presentes, que pedían soluciones, al margen de lo que consideraban mentiras, promesas y agonía por las ejecuciones de cortes de suministros. Para esta asamblea, la solución a este conflicto emergido como consecuencia de la privatización de Ajemsa, solo pasa por el mantenimiento de la humanización del servicio, bajo el paraguas de una gestión pura y duramente pública. La adhesión a Aguas Sierra de Cádiz, un consorcio donde el agua es bastante más barata que en Jerez y donde no se ejecutan cortes de suministros domésticos, es más que una garantía, como para no entender como el alcalde de la Barca, no acomete dicha adhesión, como lo han hecho otras pedanías jerezanas.

Con el ánimo caliente, los reunidos se dispusieron a montar una organización puntual, que se encargue de hacer llegar el problema y su salida a todos y cada uno de los ciudadanos de la Barca, con el boca a boca, reuniones, asambleas y sobre todo con recogida de firmas pidiéndoles a su alcalde que acometa ya la recuperación de su agua de forma pública.

La coordinadora aclaró que la Barca aún está a tiempo de salvarse y que en la mano de sus gobernantes estaba la salvación; si estos no se muestran con disposición de hacer dicha operación, tienen que ser los vecinos los que llamen a la puerta de sus mandatarios para exigirle lo que a claras luces, es lo mejor para su gente. También precisaron como la ley de administraciones locales les otorgaba la competencia del agua urbana, por lo que son las entidades locales, las que tienen que decidir democráticamente como gestionar su propia agua, en beneficio y justicia de sus representantes, como prioritaria base obligada de todo administrador público como es el caso de un alcalde. “La gente, su gente… no lo votó en mayo de 2.011 para vender su patrimonio y derecho vital al agua, ni siquiera era una propuesta de su campaña electoral, por lo que no debe ahora hacer oídos sordos a sus demandas, al margen de que si privatizan sus funciones como administrador público, ¿para qué necesitamos mantener un equipo de gobierno?”.

 

Es una nota de prensa enviada a este medio desde la Coordinadora del Agua y la Marea Azul del Sur.-

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Publicado el 11 11UTC febrero 11UTC 2014 en General. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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