La Coordinadora del Agua califica a la Alcaldesa de Jerez de cómplice y culpable de las consecuencias que la privatización del agua en Jerez, está acarreando a la ciudadanía.

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Se confirma la única razón que movió al Equipo de Gobierno Popular, para vender Ajemsa; la de hacer “caja fácil” para invertir en campaña electoral, a sabiendas de la difícil situación que vive la ciudad y de la hipoteca que supone a todos los jerezanos, un pago extra que montará más de cuatro mil euros, en los próximos 25 años.

A solo un año de la privatización de Ajemsa, las consecuencias negativas para Jerez se hacen notar de forma sustancial. “Aun no es nada con lo que nos espera, es solo la punta de un enorme iceberg que nos llevará al naufragio a todos los ciudadanos”.

Para esta Coordinadora, los daños se apuntan en distintas vertientes:

Menos calidad del servicio en general: se han dejado de cubrir trabajos de mantenimiento cotidianos que antes se ejecutaban desde Ajemsa, directamente a los usuarios y han centralizado operaciones de cobros, recobros y trámites ordinarios, de forma que los jerezanos tienen que desplazarse más y hacer grandes colas, en una oficina mal ubicada, con problemas de acceso y aparcamiento.

Pérdida de empleo y de derechos laborales: esta privatización se ha cobrado ya varios puestos directos de trabajo y ha provocado regulaciones de empleo en empresas con servicios de mantenimiento subcontratado con Ajemsa. Se han cargado el Convenio Colectivo conseguido por la plantilla, durante décadas, para acabar en el Convenio Marco Nacional de Aguas, a mucha distancia del existente y que no llega ni a mileurista. Además de no reconocer el obligado Plan de Pensiones, como tal.

Aumento de los recibos: la carga de imposición de pago a los ciudadanos en la “factura del agua”, ha supuesto el 25% de incremento, desde que la señora alcaldesa iniciara el proceso de privatización, a principio de 2012, por lo que una familia media de cuatro miembros que pagaba habitualmente unos 55 – 60 euros, no consigue actualmente bajar de los 80 euros. Primero fue una subida de la recogida de la basura domiciliaria del 50%; más tarde una subida a todo el recibo del 3,4%, sin justificación técnica de equilibrio de costes reales, como antesala generosa, a la firma de la licitación con la empresa privada; el pago obligado del IVA a conceptos que antes por ser pública, no se imponía, sobre alcantarillado y depuración de las aguas y por último la subida del IPC del 2013, a partir de enero del 2014.

Deshumanización del servicio: el trato o relación con los usuarios, convertidos desde la privada en meros clientes, se ha deformada considerablemente, hasta el punto de perderse la cercanía entre sus operarios y la ciudadanía y deteriorarse su imagen, hasta el extremo de haberse dado casos de amenazas o aptitudes agresivas y violentas hacia su plantilla, sobre todo en los que hacen tareas de procesos de corte de suministros por débito. En este proceso, los cambios han sido muy bruscos y donde antes los avisos, así como los aplazamientos eran repetitivos y persuasores, por teléfono y con visitas a los domicilios; ahora, la empresa privada, ajustándose a norma, solo espera los quince días previstos y ejecuta sin miramiento.

La Coordinadora entiende que “el Ayuntamiento sigue siendo quien tiene la competencia, aunque haya vendido la gestión, por lo que es el que tiene que garantizar a sus ciudadanos todos los derechos reconocidos como tal y el del agua es un hecho confirmado en la mismísima Organización de las Naciones Unidas, por lo que la gestión del agua urbana tiene en todo momento que ser auspiciada por las ordenanzas y decretos municipales; no puede delegar en una empresa privada tal competencia. Significa que, tiene que administrar este servicio de forma que el derecho al agua, llegue a todos sus ciudadanos sin discriminación alguna; apoyado en el principio que le otorga y obliga esa competencia legal, en el derecho de los ciudadanos y en el desarrollo del Pliego de Condiciones.

Denuncia esta coordinadora que el Pliego de Licitación con Aqualia ha sido violado en lo que llevamos de privatización. “Más bien es una responsabilidad que demandamos a la Alcaldesa por no haber creado la STM, unidad de vigilancia y seguimiento del cumplimiento del Pliego y que se recogía en la misma redacción del mismo; por otro lado, la Alcaldesa ha regalado a Aqualia tres sueldos que puede montar más de trescientos mil euros anuales, asumiendo tres altos cargos que obligatoriamente por cumplimiento del Pliego, tendría que haber tomado Aqualia. En cuanto a la propia empresa privada, denunciamos que haya pasado un primer año de contrato, sin haber invertido un solo euro en mejora de infraestructuras, habida cuentas de que el Pliego bien que recogía que se invertiría un millón de euros cada año; consideramos una falta grave que debiera conocer de primera mano la alcaldesa, por lo que su silencio le hace cómplice del incumplimiento de Pliego”.

Es una nota de prensa enviada a este medio desde la organización de la Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur

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Publicado el 14 14UTC abril 14UTC 2014 en Comunicados. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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