Agua Pública Ya¡¡¡

Recientemente un informe del Centro de Estudios Andaluces señala la “debilidad” de la sociedad civil andaluza y de su cultura política “frente al deseo de un Estado fuerte que se responsabilice de la solución de muchos problemas”, y alerta de que esto “puede no ser bueno” para el desarrollo de la democracia.

 

 

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En un monográfico firmado por el sociólogo Manuel Pérez Yruela se sostiene que la debilidad de la cultura política contrasta con las altas expectativas de los andaluces respecto al papel de lo “públicos” (estado) en la solución de muchos problemas como la reducción de las desigualdades sociales, las ayudas a los más necesitados y la intervención en la economía. En el caso del agua, al menos, es completamente diferente. En los últimos años se ha creado un tejido asociativo alrededor del agua que, entre otras cosas, ha logrado no sólo paralizar importantes procesos de privatización sino que, incluso, ha impulsado la vuelta del “grifo” a manos públicas.

Por ejemplo, en la ciudad de Jerez, tres Entidades Locales Autónomas (ELAS), Guadalcacín, Torrecera y Estella se han desmarcado de la privatización aprobada por el gobierno de Jerez en abril 2013. Sus alcaldes han decidido encomendar este servicio básico al ente público de Aguas de la Sierra. Lo interesante ha sido que el catalizador del proceso ha sido fundamentalmente la sociedad civil agrupada a través de una Coordinadora de más de veinte colectivos. La Coordinadora ha sido capaz de mediar y dar soporte técnico —sin duda, con el apoyo de instancias como Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) — a una operación donde ocho mil habitantes se puedan acoger a un servicio público que —además de partir con una factura mucho más barata— supone un referente de lucha para demostrar que desde lo público se puede, a la vez que representa un muro de contención para que en adelante la empresa privada no pueda hacer —como mayoritariamente sucede en España— subidas descomunales de los recibos, ni bajar el listón de alta eficacia que ya poseía el sistema público de Jerez, dejando de conservar su calidad.

De la misma forma la sociedad civil andaluza (en paralelo a otros territorios del estado como Catalunya o Murcia) está cogiendo el relevo de una carrera iniciada en Aragón, donde casi una veintena de entidades han firmado un compromiso para dejar el agua al margen de las leyes del mercado. Organizaciones ciudadanas, ecologistas, las plataformas andaluzas del agua y la Asociación Andaluza del Agua estamos preparando ya una propuesta similar, un pacto para que este recurso esté siempre en manos públicas.

El pacto persigue dos objetivos fundamentales. Uno es acabar con el denominado “canon concesional” que permite a los ayuntamientos enjuagar sus cuentas gracias a la venta de un servicio básico como el agua. La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua.

Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales y que sea capaz de supervisar, comparar y controlar el servicio.

Los principios básicos del pacto por el agua pública son seis. El primero es que el agua es un bien público y que los servicios de abastecimiento y saneamiento están vinculados a derechos humanos y, por lo tanto, deben ser de acceso universal. Ninguna organización discute el primer aspecto, pero la forma de llevar a cabo el segundo, como los cortes de suministro por impago, anula en numerosas ocasiones la consideración del recurso como un derecho sobre un bien de todos. En este sentido, el acuerdo establece que el agua “no debe ser gestionada desde la lógica del mercado, sino desde nuevas formas públicas y participativas, sin ánimo de lucro, como servicios de interés general”.

El segundo punto del acuerdo considera “justo y necesario” que servicios de agua y saneamiento sean municipales y no se vean afectados por los recortes de competencia que supone la nueva normativa de régimen local promovida por el Gobierno.

El pacto por el agua se ampara y defiende la resolución de Naciones Unidas que declara el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial.

El acuerdo reclama una gestión integral y coordinada de los servicios, evitando la dispersión y atomización de entidades responsables de un bien común.

El modelo de gestión que se propone es 100% público, frente a las numerosas propuestas de empresas mixtas (municipales y privadas), “transparente y participativo”. Este planteamiento supone que la información responda a indicadores “significativos y comprensibles” fijados por un consejo regulador o un observatorio independiente con capacidad de control y representación.

El sistema tarifario que prevé el acuerdo es “justo”, “equitativo” y capaz de garantizar el acceso a servicios de alta calidad, independientemente de los recursos del ciudadano. Del mismo modo, el precio debe asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, incentivar el ahorro y penalizar el derroche. “Los fondos recaudados por las tarifas o cualesquiera otros vinculados al servicio de agua y saneamiento deberán dedicarse a garantizar la gestión eficiente del mismo, realizar las inversiones precisas y asegurar el acceso universal al servicio”.

El Pacto, está abierto (en construcción) y tiene que conducir hacia un nuevo modelo público de gestión. Su fuerza sólo será posible si la sociedad civil andaluza se une y es capaz de meter en la agenda de “lo político” un modelo con cuatro reglas básicas: eficacia, transparencia, rendición de cuentas y participación social. En este sentido desde la #Iniciativa2015 trabajaremos para que este pacto se haga realidad de cara a las próximas elecciones municipales. Para que el agua sea “clara y transparente”

Luis Babiano es, desde el año 2010, gerente a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Babiano se ocupa de la coordinación de todos los proyectos de AEOPAS.

Anteriormente ejerció, entre otras tareas, como Asesor del Director General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Responsable del área de Sociedad y Territorio del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)

 

http://blogdelagua.com/inicio/agua-publica-ya/

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Publicado el 4 04UTC septiembre 04UTC 2014 en General. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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